Un estudio realizado en 2022 entre personas con el VIH atendidas en zonas rurales y urbanas de los Alpes franceses, en el área transfronteriza franco-suiza, revela que la vulnerabilidad social sigue siendo muy frecuente incluso en contextos con cobertura sanitaria universal. La investigación se publicó en junio de 2026 en AIDS Care. Analizó datos clínicos y cuestionarios estandarizados de 639 participantes para medir su situación social y evaluar el impacto de la pandemia de la COVID-19. Entre las 595 personas de las que se dispuso de información completa, el 61,5% presentaba vulnerabilidad social. Esta situación se asoció especialmente con un empleo inestable y con ingresos mensuales inferiores a 1.500€. Los resultados apuntan a la necesidad de intervenciones sociales y sanitarias adaptadas al territorio y dirigidas a los grupos más vulnerables.
La vulnerabilidad social es un determinante clave de las desigualdades en salud. En el caso del VIH, puede influir en el acceso a la atención, la continuidad del seguimiento médico, la adherencia al tratamiento antirretroviral y la calidad de vida. En un grupo poblacional que envejece, como el de las personas con el VIH, su impacto es aún mayor (véase La Noticia del Día 06/06/2024). Aunque Francia cuenta con un sistema sanitario universal, los resultados muestran que la cobertura médica, por sí sola, no elimina las barreras económicas, laborales y sociales que pueden afectar a las personas con el VIH.
Para medir esta vulnerabilidad, los investigadores utilizaron el índice EPICES, una herramienta validada en Francia que evalúa la vulnerabilidad individual a partir de distintos aspectos sociales y económicos. Este enfoque permite ir más allá de indicadores clásicos como el nivel de ingresos. También incorpora dimensiones relacionadas con la estabilidad laboral, el aislamiento, el apoyo social y las dificultades materiales.
Un perfil de vulnerabilidad marcado por ingresos y empleo
El estudio identificó dos factores estrechamente relacionados con la vulnerabilidad social: tener un empleo inestable y disponer de ingresos mensuales inferiores a 1.500€. Ambos reflejan una situación de fragilidad que puede traducirse en mayores dificultades para mantener una atención sanitaria regular, afrontar los gastos cotidianos o acceder a recursos de apoyo.
La elevada proporción de personas en situación de vulnerabilidad social resulta especialmente relevante porque el estudio se desarrolló en una región con características mixtas. En ella conviven zonas urbanas con más recursos sanitarios y sociales y áreas rurales donde la distancia a los servicios, la menor oferta de transporte o la dispersión territorial pueden dificultar el acceso a la atención. En estos contextos, las intervenciones generalistas pueden resultar insuficientes si no se adaptan a las necesidades locales.
Los datos también recuerdan que vivir con el VIH no solo implica una dimensión biomédica. El éxito del tratamiento antirretroviral ha transformado la infección en una condición crónica manejable para muchas personas. Sin embargo, las desigualdades sociales continúan condicionando la salud. La precariedad económica, la inseguridad laboral o la falta de apoyo pueden aumentar la carga asociada al seguimiento médico y afectar al bienestar psicológico y social.
La pandemia agravó las desigualdades existentes
El análisis también examinó el efecto del primer confinamiento por la COVID-19. Entre las personas que inicialmente no estaban clasificadas como socialmente desfavorecidas, el 10% pasó a estarlo durante ese periodo. Además, la mediana del índice EPICES aumentó cinco puntos. Este incremento indica un deterioro global de la situación socioeconómica.
Este empeoramiento no afectó por igual a todos los grupos. El deterioro se asoció de forma independiente con el origen subsahariano, los bajos ingresos y el empleo inestable. Estos resultados sugieren que la pandemia actuó como un amplificador de vulnerabilidades previas. Golpeó con más fuerza a quienes ya se encontraban en una posición social más frágil.
La pérdida de empleo, la reducción de ingresos, las dificultades administrativas o el aislamiento social pudieron contribuir a este deterioro. En las personas con el VIH, estas situaciones pueden tener consecuencias adicionales si interfieren con el seguimiento clínico, el acceso a la medicación o el contacto con servicios comunitarios. Aunque el estudio no se centró en resultados clínicos como la carga viral o la adherencia, sus conclusiones subrayan la importancia de integrar la dimensión social en la atención del VIH.
Los investigadores destacan que estos hallazgos deberían traducirse en respuestas concretas. Entre ellas figuran programas de apoyo social más próximos al territorio, la detección sistemática de situaciones de vulnerabilidad en las consultas, la coordinación entre servicios sanitarios y sociales, y medidas específicas para personas migrantes, con bajos ingresos o con empleo precario.
La principal conclusión es clara: incluso en países con sistemas sanitarios sólidos, las personas con el VIH pueden experimentar niveles elevados de vulnerabilidad social. Por ello, la atención al VIH debe incorporar herramientas capaces de identificar estas situaciones y activar apoyos específicos. Reducir las desigualdades sociales no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede favorecer una atención más continuada, equitativa y efectiva.
Fuente: Elaboración propia (gTt-VIH).
Referencia: Parriault MC, Fontaine J, Piet E, et al. Social deprivation among people living with HIV in the French-swiss Cross-border area: the need for targeted interventions. AIDS Care. 2026. doi:10.1080/09540121.2026.2680247.
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