En España, el estado de salud es una de esas materias que configuran la intimidad personal y sobre las que las personas con VIH pueden ejercer un control activo, decidiendo a quién, cómo y con qué límites revelan la información sobre su estado serológico.
Las personas con VIH que han podido desarrollar un trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia, tienen reconocido el derecho a la jubilación en las mismas condiciones que el resto de las personas. No obstante, la legislación debería ser sensible a la singularidad de su situación para que no se produzca una discriminación indirecta.
La Constitución Española (CE), dentro de los “derechos fundamentales y las libertades públicas”, reconoce el derecho a la educación en su artículo 27, estableciendo en su apartado primero que “Todos tienen el derecho a la educación”. A pesar de los grandes avances científico-médicos, la sociedad sigue discriminando y estigmatizando a las personas con el VIH. Prevenir el estigma y la discriminación del VIH en el ámbito educativo debe convertirse en una prioridad.
Los datos clínicos sobre el VIH no deben estar presentes en toda la documentación clínica que está regulada en España. El principio de minimización de datos obliga a que reflexionemos sobre cuándo son necesarios y pertinentes.
Las clínicas dedicadas al injerto capilar, generalmente, deniegan este servicio cuando la persona revela que tiene VIH o imponen un sobrecoste en el servicio como condición para poder realizarle el trasplante. Las razones más comunes para no realizar la intervención o imponer un sobrecoste son que existe un riesgo de que se produzca una transmisión del virus al personal que va a intervenir en la operación o que tienen que tomar medidas de seguridad adicionales en los quirófanos y durante la intervención.
La evidencia científica que está detrás del eslogan Indetectable=Intransmisible (U=U) obliga a que la respuesta jurídica al VIH deba modificarse en aquellos países donde se castiga la simple exposición al virus.
La sustitución de un medicamento innovador por un medicamento genérico sólo es posible si éste tiene la misma composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. Cualquier sustitución debe ser informada y consentida.
Si una persona con VIH es despedida por razón de su estado serológico, el despido podría ser considerado nulo por vulnerar el artículo 14 de la Constitución.
En este folleto explicaremos cómo pueden recibir la asistencia sanitaria las personas con VIH que tienen la nacionalidad de alguno de los países que son Estados Miembros de la Unión Europea y vienen a España con la intención de residir, trabajar o estudiar.
La protección internacional es la protección concedida a las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas que no pueden regresar a su país porque sus derechos humanos corren grave riesgo. La protección internacional garantiza la no devolución ni expulsión de las personas a las que se les haya reconocido. El contenido de la protección internacional está integrado por el derecho de asilo y el derecho a la protección subsidiaria.
