Los datos clínicos sobre el VIH no deben estar presentes en toda la documentación clínica que está regulada en España. El principio de minimización de datos obliga a que reflexionemos sobre cuándo son necesarios y pertinentes.
Las clínicas dedicadas al injerto capilar, generalmente, deniegan este servicio cuando la persona revela que tiene VIH o imponen un sobrecoste en el servicio como condición para poder realizarle el trasplante. Las razones más comunes para no realizar la intervención o imponer un sobrecoste son que existe un riesgo de que se produzca una transmisión del virus al personal que va a intervenir en la operación o que tienen que tomar medidas de seguridad adicionales en los quirófanos y durante la intervención.
La evidencia científica que está detrás del eslogan Indetectable=Intransmisible (U=U) obliga a que la respuesta jurídica al VIH deba modificarse en aquellos países donde se castiga la simple exposición al virus.
La sustitución de un medicamento innovador por un medicamento genérico sólo es posible si éste tiene la misma composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. Cualquier sustitución debe ser informada y consentida.
Si una persona con VIH es despedida por razón de su estado serológico, el despido podría ser considerado nulo por vulnerar el artículo 14 de la Constitución.
En este folleto explicaremos cómo pueden recibir la asistencia sanitaria las personas con VIH que tienen la nacionalidad de alguno de los países que son Estados Miembros de la Unión Europea y vienen a España con la intención de residir, trabajar o estudiar.
La protección internacional es la protección concedida a las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas que no pueden regresar a su país porque sus derechos humanos corren grave riesgo. La protección internacional garantiza la no devolución ni expulsión de las personas a las que se les haya reconocido. El contenido de la protección internacional está integrado por el derecho de asilo y el derecho a la protección subsidiaria.
A la situación administrativa irregular se le llama, coloquialmente, “situación de ilegalidad”, y a las personas que se encuentran en dicha situación se les llama, de forma coloquial, “sin papales”, "ilegales" o "indocumentados". Todas esas fórmulas son incorrectas, pues se debe denominar como "situación administrativa irregular" y en ella solo pueden encontrarse los y las nacionales de terceros países no miembros de la Unión Europea. No obstante, los y las nacionales de un país miembro de la Unión Europea tienen la obligación de inscribirse en el Registro Central de Extranjeros para acreditar su intención de residir en España.
La estancia de corta duración es la autorización para permanecer en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada en España, sin perjuicio de la estancia por estudios, que puede ser más larga. Dado que la estancia de corta duración no tiene fines de residencia ni de trabajo sino de turismo, se la conoce como estancia de turista o de turismo.
Si una persona con el VIH contrató un seguro de personas antes del 1 de enero de 2016, debe saber que, desde esa fecha en adelante, gracias a la modificación del artículo 11 de Ley 50/1980 por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, no tiene la obligación de comunicar la variación de su estado de salud, pues, en ningún caso, se considerará agravamiento del riesgo.
