Además, estos centros deberían disponer de servicios de reducción de daños por consumo drogas para proteger a la población reclusa frente al VIH y la hepatitis C
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) ha realizado un comunicado de prensa en el que hace un llamamiento para que en las cárceles de los distintos países se implementen políticas y prácticas de prevención, tratamiento y atención médica del VIH, así como servicios de reducción de daños para personas que consumen drogas -especialmente drogas inyectables; y, en particular, insta a ampliar los servicios dirigidos a mujeres, una población sobrerrepresentada en las cárceles-, con el objetivo de que puedan mantenerse con vida y protegerse frente a infecciones como el VIH y la hepatitis C.
Muchos sistemas penitenciarios luchan por salir adelante con problemas de hacinamiento, recursos inadecuados, acceso limitado a la asistencia sanitaria y a otros servicios de apoyo frente a la violencia y el consumo de drogas. Se estima que en 2021 el número de personas privadas de libertad aumentó un 24% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 10,8 millones, lo que incrementó la presión sobre unos sistemas penitenciarios ya sobrecargados.
El consumo de drogas es frecuente en las cárceles. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) calcula que en algunos países hasta el 50% de las personas encarceladas consumen o se inyectan drogas. En las cárceles, el consumo de drogas inyectables no supervisado y en condiciones inseguras supone un factor de riesgo importante de transmisión del VIH y el virus de la hepatitis C (VHC) debido a que disponen de un acceso limitado a los servicios de reducción de daños -que incluyen la dispensación de preservativos, agujas y jeringas esterilizadas- y existe una falta de programas integrales de tratamiento para el consumo de drogas, en particular la terapia de sustitución con opioides (metadona, buprenorfina, etc.).
Las personas encarceladas tienen 7,2 veces más probabilidades de tener el VIH que las personas adultas de la población general (véase La Noticia del Día 06/09/13 ). ONUSIDA informa de que la prevalencia del VIH entre las personas privadas de libertad aumentó un 13% desde 2017, alcanzando un 4,3% en 2021. Por otra parte, y aunque los datos son limitados, se cree que alrededor de una de cada cuatro personas del total de la población reclusa tienen hepatitis C.
El acceso a la atención sanitaria, que incluye los servicios de reducción de daños, es un derecho humano fundamental y no se debe negar ese derecho a nadie por el hecho de estar encarcelado (véase VIH en la cárcel ). Sin embargo, las cárceles son ignoradas con demasiada frecuencia en los esfuerzos de los países en la respuesta frente al VIH. Así, el Director Regional de ONUSIDA para Asia Pacífico, Europa del Este y Asia Central indicó que se necesita con urgencia un enfoque multisectorial y polifacético para salvar vidas en las cárceles, que incluya el acceso a agujas y jeringuillas esterilizadas, un tratamiento eficaz para la dependencia de las drogas opioides y la reducción del estigma y la discriminación.
Tanto el consumo de drogas como la infección por el VIH son más frecuentes entre las mujeres encarceladas que entre los hombres privados de libertad. En particular, las mujeres que consumen drogas y las trabajadoras del sexo están sobrerrepresentadas en las cárceles. Por ello, se necesita con urgencia ampliar la aplicación de los servicios de reducción de daños comunitarios dirigidos a las mujeres que consumen drogas y a las encarceladas en general.
Desde ONUDD, se insta a poner la compasión en el centro de las respuestas a los problemas de la población privada de libertad. Se debe considerar más seriamente la despenalización y las alternativas al encarcelamiento por delitos menores de drogas, poniendo el foco, en cambio, en el tratamiento y la rehabilitación. Asimismo, hay que utilizar una perspectiva que tenga en cuenta las cuestiones de género a la hora de analizar a las mujeres y niñas que consumen drogas, y garantizar que tengan el mismo acceso al tratamiento por consumo de sustancias.
Por otra parte, es preciso llegar a las personas jóvenes, que consumen drogas más que nunca, comprender su vulnerabilidad ante el abuso de sustancias y ayudarles a formar parte de la solución.
Entre los países que informaron sobre centros penitenciarios a ONUSIDA en 2019, solo seis de 104 países tenían programas de intercambio de agujas y jeringuillas como mínimo en una cárcel; únicamente 20 de 102 países tenían programas de terapia de sustitución con opioides en al menos una cárcel, y 37 de 99 países tenían preservativos y lubricantes en algunas cárceles.
ONUSIDA, ONUDD y la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyan desde hace tiempo la ampliación de los servicios de reducción de daños a todos los centros penitenciarios. Sin embargo, según la organización no gubernamental Harm Reduction International (HRI), sólo 59 países ofrecen terapia de sustitución con opioides en las cárceles.
Es importante señalar que algunos países han realizado enormes progresos en los últimos años. A pesar de los retos que plantea la afluencia de refugiados y las repercusiones de la guerra en Ucrania, Moldavia (que tiene una prevalencia del VIH del 3,2% en sus prisiones, frente al 0,4% entre la población general) ha destinado muchos más recursos a sus sistemas penitenciarios.
A principios de la década de 2000, pocas cárceles de Moldavia ofrecían servicios de reducción de daños. En la actualidad, los 17 centros penitenciarios del país ofrecen servicios de reducción de daños, como tratamiento de sustitución con opioides (metadona), acceso a psiquiatras, médicos y programas de tratamiento, intercambio de agujas y jeringuillas esterilizadas y prevención, pruebas, tratamiento y atención del VIH.
La directora nacional de ONUSIDA en Moldavia afirmó que se trata de poner a las personas en primer plano, tratarlas como iguales y adoptar un enfoque sólido de salud pública, basado en los derechos humanos y en pruebas.
ONUSIDA, ONUDD y OMS, entre otras entidades, recomiendan 15 intervenciones integrales y esenciales para salvar vidas y garantizar una programación eficaz frente al VIH en las prisiones. Entre ellas se encuentran la prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH, los preservativos, los lubricantes, la terapia de sustitución con opioides y la profilaxis postexposición frente al VIH. Sin embargo, esto es sólo una parte de la solución. ONUSIDA también recomienda que los países modifiquen sus leyes para despenalizar la posesión de drogas para uso personal.
ONUSIDA ha fijado unos ambiciosos objetivos para 2025, entre los que se incluyen que el 95% de las personas en prisiones y otros entornos de privación de libertad conozcan su estado serológico al VIH, que el 95% que lo conocen reciban tratamiento antirretroviral, que el 95% en tratamiento antirretroviral tengan carga viral indetectable; que el 90% de las personas privadas de libertad hayan utilizado preservativos en su última actividad sexual con una pareja no habitual; que el 90% de las personas reclusas que se inyectan drogas hayan utilizado agujas y jeringuillas estériles en su último consumo por vía inyectada; y que el 100% de las personas encarceladas tengan acceso regular a los servicios adecuados del sistema sanitario o dirigidos por la comunidad.
Por último, ONUSIDA aboga por que los servicios comunitarios desempeñen un papel activo en la planificación, prestación y supervisión de los servicios relacionados con el VIH. Sin embargo, esto no siempre se facilita en los entornos penitenciarios. Sin la participación de los servicios comunitarios será imposible alcanzar los objetivos mundiales en materia de sida.
Fuente: ONUSIDA / Elaboración propia (gTt-VIH).
Referencia: UNAIDS calls for access to HIV prevention, treatment and care in prisons, including access to life saving harm reduction services. Comunicado de prensa de ONUSIDA publicado antes del Día Internacional de la Reducción de Daños – 7 de mayo de 2023
