Un nuevo informe de ONUSIDA señala que la criminalización del consumo de drogas no reduce los daños asociados. Al contrario. Está contribuyendo a mantener y agravar la epidemia de VIH en todo el mundo.
Según el documento, las personas que se inyectan drogas tienen un riesgo de adquirir el VIH hasta 14 veces mayor que la población general. Este aumento no se explica solo por factores individuales. También influye el contexto legal y social en el que viven.
El informe advierte de que las leyes que penalizan el consumo y la posesión de drogas para uso personal generan barreras directas. Estas barreras afectan a la prevención y a la atención sanitaria. Entre sus efectos más documentados están el aumento del uso compartido de material de inyección y la reducción del acceso a programas de intercambio de jeringuillas. También alejan a las personas de los servicios de diagnóstico y tratamiento.
Un modelo que aleja a las personas del sistema sanitario
ONUSIDA subraya que el miedo a la detención, a las sanciones o a la discriminación tiene consecuencias claras. Muchas personas evitan acudir a los servicios de salud. Esto retrasa el diagnóstico del VIH y dificulta el inicio o la continuidad del tratamiento.
Además, el impacto de la criminalización no se limita al ámbito sanitario. El informe señala efectos sobre factores clave para la salud. Entre ellos están el acceso al empleo, la vivienda y la inclusión social. En conjunto, estas políticas generan entornos más vulnerables. En estos contextos, el riesgo de infección aumenta y las oportunidades de prevención disminuyen.
La despenalización como herramienta de salud pública
Frente a este modelo, ONUSIDA plantea la despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal. La presenta como un elemento clave de una respuesta eficaz al VIH. Este enfoque no implica promover el consumo. Supone sustituir el castigo por intervenciones basadas en la salud pública y los derechos humanos.
La evidencia recogida en el informe es consistente. Cuando se aplican políticas de despenalización junto con servicios de reducción de daños, los resultados mejoran. Estos servicios incluyen programas de intercambio de jeringuillas y tratamientos sustitutivos con opioides. En estos contextos, aumenta el acceso a la atención sanitaria, se reducen las conductas de riesgo y disminuye la transmisión del VIH.
Un objetivo global aún lejos de cumplirse
El informe se enmarca en los compromisos internacionales para poner fin al sida como amenaza para la salud pública antes de 2030. En este contexto, ONUSIDA ha planteado un objetivo concreto. Menos del 10% de los países deberían mantener leyes que criminalicen conductas asociadas a poblaciones clave, incluido el consumo de drogas.
Sin embargo, en muchos países estas leyes siguen vigentes. Y continúan condicionando la respuesta al VIH. Para ONUSIDA, avanzar hacia un enfoque centrado en la salud pública, la evidencia y los derechos humanos es imprescindible. Sin estos cambios, no será posible alcanzar los objetivos globales.
Más allá del virus: un cambio de enfoque
El informe concluye con una idea clara. La respuesta al VIH no puede limitarse al tratamiento biomédico. También requiere revisar los marcos legales y sociales que influyen en la salud.
En este sentido, propone un cambio de enfoque. Pasar de modelos basados en el castigo a estrategias centradas en la prevención. También en el acceso a servicios y en la dignidad de las personas. Solo así será posible reducir de forma sostenida las nuevas infecciones y avanzar hacia el fin de la epidemia.
Fuente: Elaboración propia (gTt-VIH).
Referencia: ONUSIDA (UNAIDS), UNDP, INPUD. The decriminalization of drug use in the context of HIV: a guidance note. Ginebra: ONUSIDA; 2026.
Nota editorial
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El equipo editorial de gTt-VIH – 26/03/2026
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