En España las personas con VIH siguen falleciendo en proporciones relativamente elevadas: si sólo contamos las que mueren a causa de enfermedades que definen SIDA, estamos cerca de 2.000 al año; si contamos también otras que están relacionadas, como el fracaso hepático, pero que no son oficialmente SIDA, podríamos presumiblemente estar cerca del doble. En este último caso, las muertes achacables directa e indirectamente al VIH entre adultos jóvenes (18-49 años) serían en nuestro país las segundas en número después de los accidentes de tráfico (también cerca de las 4.000 anuales).
En otras ocasiones hemos llamado la atención aquí sobre el hecho de que la no contabilización de las muertes por fallo hepático distorsionaba seriamente la foto del impacto del VIH/SIDA en nuestro país.
Esta vez queremos llamar la atención sobre ese par de miles de personas que cada año fallecen en España por condiciones que definen SIDA. Aunque no hay un estudio completo que abarque todo el territorio del Estado, informante médicos aclaran que la mayoría son pacientes que llegan a urgencias hospitalarias en estado muy avanzado por dos razones: o bien han tenido síntomas persistentes y progresivos de SIDA que no han sido reconocidos en los servicios de atención primaria (porque por ejemplo la persona no pertenezca a los falazmente denominados “grupos de riesgo”) o bien son personas en situación de alta vulnerabilidad social, como los sin techo o los usuarios de drogas.
El acceso a cuidados y tratamientos de los usuarios activos de drogas inyectables (UADI) es una de las asignaturas pendientes de la protección sociosanitaria. Con frecuencia, la denegación de terapia antirretroviral o para la hepatitis B o la C a un UADI tiene más de deficiencias del modelo organizativo, escasez de recursos o bien simple prejuicio que de constatación real (véase La Noticia del Día 16/06/05). Cierto es que los UADI tienen problemas de adhesión a los tratamientos y otras prácticas de gestión de la salud, pero nadie ha demostrado que sean insalvables si se pone a su disposición el servicio adaptado adecuado.
En Barcelona, España, el Ayuntamiento de la ciudad ha tomado la iniciativa de instalar una sala de venopunción en el recinto del complejo hospitalario de la Vall d’Hebron, lugar en el que se ubica uno de los grandes hospitales con servicio de atención en VIH. Una sala de venopunción ofrece a los UADI un espacio de inyección limpio, con material desechable, profesionales sanitarios y de apoyo psicosocial, y posibilidad de asearse, descansar brevemente y tomar alimentos. Ya existe otra en la ciudad que lleva 6 meses de experiencia, y hay otras dos programadas a corto plazo.
La idea de crear una sala de venopunción en un recinto hospitalario es especialmente atractiva ya que los UADI pueden presentar patologías múltiples: VIH, hepatitis, otras ITS, endocarditis, afecciones cutáneas, desnutrición, o enfermedades mentales, por ejemplo. La cercanía a los servicios clínicos puede facilitar el trabajo de los mediadores, y que éstos elaboren estrategias para el cuidado de la salud de estas personas, como por ejemplo la adhesión a la toma de terapia antirretroviral o antihepatitis.
Sin embargo, los vecinos del entorno están protestando agresivamente contra la puesta en marcha del servicio. Alegan que no han sido consultados y que además en la zona no hay problemas de adicción a drogas inyectables. Responsables municipales les han asegurado que cada año 300 conciudadanos residentes en ese distrito de la ciudad piden ayuda relacionada con el uso de drogas, número suficiente para justificar la creación de la sala. Estas razones no han sido suficientes, y ayer mismo algunos ciudadanos exaltados causaron destrozos importantes en los alrededores.
La experiencia del primer espacio inaugurado, en Ciutat Vella, así como los estudios de otras salas de venopunción existentes en Europa, demuestran que éstas no generan más inseguridad, antes al contrario, canalizan la distribución espacial del uso de drogas, lo que redunda en un mayor control. Además, las salas están en coordinación permanente con las fuerzas policiales.
Pero existe otra razón no explicitada para oponerse a la sala de venopunción en el barrio: el temor a que los pisos en propiedad pierdan valor en el mercado inmobiliario. Los vecinos probablemente piensan que cuando quieran vender sus casas éstas habrán bajado sustancialmente de precio porque será más difícil que alguien quiera irse a vivir al lado de un espacio que frecuentan UADI.
En el fondo, piensan, es injusto que la solidaridad social conlleve una merma de su patrimonio. Sin embargo, el resto de barceloneses hemos sido solidarios con ellos: hace tres años que el metro se prolongó por esa parte de la ciudad, la Vall d’Hebron, tras inversiones multimillonarias que pagamos entre todos, algo que sin duda hizo crecer el valor de sus propiedades: ¿no es el momento de que ejerzan su responsabilidad colectiva aceptando, con todas las garantías, un equipamiento pensado para atender las necesidades vitales de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad?
Fuente: Elaboración propia.
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