Una mesa redonda durante la XVIII Conferencia Internacional del Sida, que se celebró la semana pasada en Viena, ha reconocido el alarmante nivel de necesidades sanitarias entre las personas privadas de libertad y el lento progreso que actualmente se está realizando para lograr una reforma de la sanidad penitenciaria. La mayoría de los países han implementado muy pocos o ningún programa de reducción de daños dirigidos a la población reclusa, lo que coloca en una situación prácticamente de desprotección a aquellas personas abocadas a comportamientos de riesgo, como por ejemplo el uso compartido de jeringuillas y el sexo sin protección.
Hablando de su propia experiencia, Albert Zaripov, de Rusia, explicó cómo con frecuencia pudo ver jeringuillas utilizadas por 20 ó 30 personas que habían servido para la inyección de sustancias que se obtienen con facilidad. “No había apoyos de ningún tipo: ni ayudas sociales, ni médicas, nada en absoluto”, afirmó. “Esto es bastante habitual en los centros penitenciarios”.
Aparte de facilitar la transmisión de enfermedades, la mala calidad de la atención y del tratamiento de la población encarcelada a menudo equivale a una vulneración de los derechos humanos. Zaripov relata que los reclusos con VIH eran sometidos a aislamiento, y que “a la gente le daba miedo incluso administrarles comida y agua”. Asimismo, describe la situación que viven estas personas básicamente como si estuvieran en grandes ‘perreras’, en las que las provisiones se les suministraban de forma intermitente”. “Fue terrible; era como alimentar a animales”, recalcó.
Rick Lines, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Reducción de Daños, reiteró las mismas preocupaciones. “Los temas sobre las condiciones precarias de las prisiones afectan a las personas con VIH de una forma mucho más grave”, declaró. Aunque Zaripov apunta que las condiciones han mejorado desde su salida, “en realidad, muy pocas personas están recibieron terapia antirretroviral hoy en día. Muchas personas morirán sin haber visto ningún tratamiento”.
La excepción notable a esta norma es el caso de Instituciones Penitenciarias de España, que ha implementado programas de reducción de daños y programas a gran escala de detección del VIH y VHC y tratamiento. Una de las áreas prioritarias de la labor que realiza Instituciones Penitenciarias es la detección precoz de casos con el fin de proporcionar el tratamiento apropiado, junto con la prevención de nuevos casos. Gracias a la implantación de un programa de intercambio de jeringuillas, se han conseguido evitar 200 nuevas infecciones por VIH anualmente desde 2002.
Pero los expertos advierten de que España es una excepción, siendo la mayoría de gobiernos reticentes –en el mejor de los casos– a mejorar los indicadores de salud”. “Existe un gran número de países que no han hecho nada en absoluto, y por el motivo que sea no lo ven como un asunto urgente”, señaló Lines. Aunque España es el mejor modelo de buenas prácticas, el país “está en minoría”.
La clave que explica está reticencia se encuentra en el estigma asociado a los comportamientos de riesgo, como por ejemplo el sexo entre hombres y el uso de drogas. Según Kristian Crole, de la Unidad de VIH/Sida del Departamento de Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, la práctica habitual de los políticos es “negarse a admitir que los hombres mantienen relaciones sexuales [y utilizan drogas] en las prisiones… Si soy un político, ¿cómo voy a explicar a la opinión pública que he permitido entrar drogas dentro de la prisión? ¿Cómo voy a admitir que no estoy desempeñando bien mis funciones?”
A continuación, fue el turno de Anya Sarang, de la Fundación Andrey Rylkov para la Salud y la Justicia Social en Rusia. “La principal barrera es la voluntad política”, señaló. “Hasta que no desaparezca la reticencia política, no será posible hacer nada”.
Mercedes Gallizo Llamas, directora general de Instituciones Penitenciarias en España, afirmó que las políticas basadas en la evidencia permitieron amainar los temores de la opinión pública sobre la reducción de daños y otros programas afines, y destacó que “los políticos [españoles] demuestran una confianza en el sector de la salud pública con el sistema penitenciario”.
Aparte de introducir simplemente una mejor atención sanitaria en las prisiones, los defensores reclaman que la extensión de la reforma penal es esencial para combatir realmente las epidemias que están en aumento. “La prisión es sólo un aspecto del sistema de justicia penal”, afirma Lines, confirmando la opinión de Sarang respecto a la necesidad de una mejor educación de jueces y abogados. Kristian Crole apuntó que muchas personas actualmente en prisión “nunca han visto un juez. En algunos países africanos, hay personas encarceladas por seis, siete u ocho años sin procesamiento”.
Los expertos sostuvieron que la despenalización del uso de drogas es también necesaria. “Esta crisis de salud pública y derechos humanos radica en la penalización de temas relacionados con drogas”, señaló Sarang. En Rusia, “casi cada caso que tiene que ver con drogas acaba en prisión”.
Lines observa que la mayor parte de la reforma de la salud penitenciaria que se ha producido ha sido como resultado de las campañas de activismo procedentes del exterior. Los centros penitenciarios han sido considerados desde hace tiempo como “un vector de enfermedades”, siendo los reclusos los que transmiten el VIH y otras infecciones adquiridas durante el período de encarcelamiento a la comunidad en general tras su puesta en libertad. “Una gran parte de los avances en materia de reforma penitenciaria […] se han realizado utilizando argumentos de salud pública y el miedo a la infección y a las epidemias. Es más probable que la gente se interese por la salud de los reclusos cuando éstos estén ya fuera de la prisión”, recalcó Lines. “La salud pública continúa ofreciendo uno de los mecanismos para ejercer presión para realizar reformas penitenciarias y políticas sanitarias en general”.
Crole sugiere que una mayor visibilidad de las personas privadas de libertad y de los ex reclusos podría ser crucial para ejercer presión para una reforma. También considera que los funcionarios penitenciarios podrían convertirse en defensores clave, dado que ellos están en una situación de riesgo de infección y son testigos de la desatención de la salud de los reclusos y de la vulneración de los derechos humanos.
Referencias: Gallizo Llamas, M. Results from the Spanish experience: a comprehensive approach to HIV and HCV in prisons. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract MOBS0102, 2010.
Zaripov A. Testimonial. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract MOBS0103, 2010.
Kroll C, et al. Statements on HIV and HCV in prisons. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract MOBS0104, 2010.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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