Un experto legal argumenta a favor de no criminalizar la transmisión imprudente del VIH

Edwin J. Bernard

El doctor Matthew Weait, catedrático de leyes y estudios legales en la Facultad Birkbeck de la Universidad de Londres (Reino Unido), ha publicado un libro en el que argumenta que la actual legislación inglesa “probablemente cause más mal que bien” si “su principal objetivo es prevenir la transmisión del VIH”.

El libro, Intimidad y responsabilidad: La criminalización de la transmisión del VIH, fue bien recibido por médicos y activistas del VIH durante su presentación la pasada semana en el centro de Londres. En ese acto se puso de relieve el impacto negativo de los enjuiciamientos penales sobre la capacidad de médicos e investigadores de trabajar eficazmente.

La doctora Jane Anderson, médica especialista que trabaja en el Hospital Homerton y autora principal del documento informativo de la Asociación Británica del VIH (BHIVA, en sus siglas en inglés) sobre transmisión del VIH, legalidad y trabajo del equipo médico, declaró que el espectro de los posibles enjuiciamientos penales había afectado al modo en que el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) proporcionaba servicios a los pacientes seropositivos, “en términos de atención, asesoramiento y confidencialidad” y que se había generado “una gran ansiedad y preocupación”.

La experta declaró que gran parte del personal sanitario que trabaja con pacientes con VIH siente que “la ley está vigilando por encima del hombro” y que eso había afectado de forma significativa la relación médico-paciente dado que los facultativos podrían teóricamente ser requeridos a declarar como testigos expertos por parte tanto de la acusación como de la defensa.

La doctora Anderson también subrayó el impacto que los recientes enjuiciamientos habían tenido sobre la investigación. “El rigor de nuestra investigación se ha visto marcada por estos procesos penales”, declaró. “Hemos tenido que reconsiderar si se podían realizar determinadas preguntas al analizar el comportamiento sexual de los pacientes, dada la situación.”

En la presentación del libro también habló la doctora Catherine Dodds, una colega investigadora de Sigma Research en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), que ha estudiado el impacto de los procesos penales en las comunidades afectadas. Dijo que en su libro, el doctor Weait “nos pide que nos impliquemos de forma activa como ciudadanos que se cuestionan el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y que se preguntan si ése debería ser el lugar para resolver todos las cuestiones que afectan a nuestras complicadas, íntimas, enrevesadas, sentimentaloides, apasionadas, enredadas y dolorosas vidas humanas”.

El libro del doctor Weait examina y desmonta críticamente el enfoque del derecho penal inglés respecto a la apertura de procesos penales por transmisión imprudente del VIH. En uno de los capítulos más reveladores del libro, emplea transcripciones del juicio a Feston Konzani para mostrar cómo el derecho penal inglés reduce los complejos pensamientos, sentimientos e interacciones humanos a “simplificadas imputaciones de responsabilidad e irresponsabilidad, de culpabilidad y de inocencia.”

El libro también trata los conceptos de daño, riesgo, imprudencia, consentimiento y responsabilidad y sugiere firmemente que el derecho penal está mal preparado para comprender estos conceptos de forma pragmática. Si el principal objetivo del derecho penal es prevenir la transmisión del VIH, argumenta, entonces “es más probable que cause más mal que bien”.

Edwin Cameron, juez de la Corte Suprema de Apelaciones de Suráfrica y uno de las figuras mundiales más relevantes en el campo del VIH/SIDA y el derecho, escribe en el prefacio del libro: “La premisa de Weait es que la justicia civil y penal deberían emplearse en favor del bien público, más que como métodos de asegurar reparaciones entre particulares.”

“Si este argumento es correcto”, continúa el juez, “debemos poner en cuestión unas leyes penales que podrían desanimar a que las personas se realicen la prueba del VIH o a que sean sinceras respecto a su historial sexual cuando tratan con el personal sanitario. Debemos cuestionar si está bien imponer una responsabilidad penal cuando la cobertura mediática es, a menudo, sensacionalista e inexacta, lo que produce la demonización de todas las personas con VIH y las convierte en posibles agresoras. Debemos poner en tela de juicio si dichas leyes reconocen las dificultades que tienen algunas personas seropositivas (especialmente las mujeres, que pueden sufrir violencia y expulsión del hogar) a la hora de negociar la práctica de sexo seguro”.

“Y debemos cuestionar qué ‘bien’ común se extrae imponiendo la responsabilidad única de la transmisión (como hacen las leyes) a la persona con VIH, atenuando así la responsabilidad de sus parejas en la prevención de la transmisión, especialmente en esta epidemia, cuando todos deberíamos ser conscientes de los riesgos que conlleva la práctica de sexo sin protección”, escribe el juez Cameron.

El mejor modo de promover “un enfoque más auténtico y socialmente beneficioso al significado, práctica y expresión de la responsabilidad que el que la ley construye y refuerza”, concluye el doctor Weatit, “es no criminalizar la transmisión imprudente del VIH.”

Referencia: Weait M. Intimacy and Responsibility: The criminalisation of HIV transmission ISBN 978-1-904385-70-7; Routledge-Cavendish, 2007.

Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).

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