Mientras se generalizan las deportaciones de personas con VIH, las tácticas de los activistas difieren

Roger Pebody

En todo el mundo, treinta y un países tienen políticas de deportación de ciudadanos con VIH procedentes de otros países, según se afirmó el pasado martes en la XVIII Conferencia Internacional del Sida, celebrada en Viena (Austria).

Además, ponentes de tres países europeos explicaron que, aunque sus países no deportan a nadie debido a la infección por el virus, sí se produce la expulsión de las personas que ven rechazada su petición de asilo y de inmigrantes indocumentados, pese a que existan dudas de que vayan a poder obtener medicamentos esenciales en el país al que están siendo enviados.

Peter Wiessner presentó un análisis de la Base de Datos Mundial sobre Restricciones de Viaje Relacionadas con el VIH, que identificó 31 países cuyas leyes, políticas o prácticas permiten la deportación de personas extranjeras por tener VIH. En muchos, pero no todos los casos, esto afecta principalmente a los residentes de larga duración.

Siete países en la zona del Golfo Pérsico (una región que depende del trabajo de los inmigrantes) y otros cuatro países en Oriente Próximo cuentan con dichas políticas. Egipto afirma que deportó a las 722 personas extranjeras [el 90% de ellas africanas] diagnosticadas de VIH en el país entre 1986 y 2006.

Diversos países asiáticos, incluyendo la India, Malasia, Singapur y Taiwán, también están dispuestos a realizar deportaciones. En los últimos años, Corea del Sur ha expulsado a 521 de las 546 personas extranjeras con VIH que identificó.

En Europa, Rusia, Moldavia y Armenia deportan a los inmigrantes que tengan VIH. Hungría, país miembro de la Unión Europea, puede expulsar a los extranjeros que no tomen tratamiento.

Otros ponentes compararon la situación de los inmigrantes en Austria, Francia y el Reino Unido.

Todos ellos se refirieron a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el juicio de N, un caso histórico que determinó que no resultaría “inhumano o degradante” que un estado deportase a una persona a su país de origen, incluso en el caso de que no siempre hubiera disponible un tratamiento antirretroviral allí. Aunque el caso de N se refería a una mujer ugandesa y al Gobierno del Reino Unido, ha tenido consecuencias jurídicas para los países de toda Europa y ha permitido a los estados rechazar las solicitudes de muchos emigrantes con VIH.

Franck Amort, en una presentación en nombre de Maritta Teufl, señaló que la política del Gobierno austríaco se ha ido volviendo cada vez más restrictiva en los últimos años. Un análisis de las transcripciones y resoluciones de los juicios había permitido identificar que el examen de las pruebas sobre el tratamiento y las instalaciones sanitarias en el país de origen del inmigrante tendieron a ser insuficientes. Las afirmaciones de que los tratamientos están disponibles fueron tomadas en su valor nominal, y la probabilidad de que la persona en cuestión pudiera obtener realmente el tratamiento no fue considerada con seriedad.

Los ponentes británicos y franceses presentaron unos enfoques bastante diferentes a la hora de apoyar a los inmigrantes amenazados con la deportación.

En un enfoque bastante pragmático, Sarah Radcliffe -de NAT- describió cómo, en el Reino Unido, una organización activista y un grupo de médicos del VIH habían trabajado para mejorar el acceso a la atención sanitaria de las personas que solicitan asilo que estaban retenidas por el gobierno en un centro de detención (con frecuencia, un paso preliminar antes de la expulsión del país). Los principales objetivos fueron que no se interrumpiera el acceso a los antirretrovirales, que hubiera continuidad en la atención sanitaria [por ejemplo, atención en una clínica] y que la persona deportada estuviera adecuadamente preparada (por ejemplo, con unos suministros de fármacos suficientes y con vínculos a la atención médica en su destino). Con este fin, se ha desarrollado un documento orientativo en cooperación con el personal sanitario en los centros de detención, como se ha descrito anteriormente en aidsmap [en inglés][en español].

Radcliffe declaró que era consciente de que el documento estaba siendo utilizado por organizaciones comunitarias para defender los derechos del detenido en relación con el acceso a la atención del VIH y, en algunos casos, para evitar o retrasar la deportación.

Las intenciones de Caroline Izambert, de Act-Up Paris, eran más ambiciosas. Sugirió que el caso judicial de N debería ser recusado.

También indicó que esta decisión del tribunal se refería sólo a un mínimo estándar y, de ningún modo, impedía que un estado ofreciera más protección a un inmigrante con un problema de salud.

De hecho, Francia ha tenido en vigor desde 1998 una ley que permite otorgar un permiso de residencia a una persona por razones médicas. La persona debe requerir un tratamiento esencial que no esté accesible en su país de origen, pero sí esté disponible en Francia. Pese a que la aplicación de esta ley ha tendido a ser restrictiva en los últimos años, ha sido respaldada hace pocos meses por el Conseil d’Etat, un órgano judicial de alto rango.

Por otra parte, esta decisión judicial aclaró que, para que un tratamiento fuera considerado “accesible”, tenía que serlo realmente para la persona en cuestión. Aunque un fármaco estuviera disponible en un país, en la práctica es posible que los tratamientos sólo sean accesibles en determinados lugares y para determinados grupos sociales, que haya interrupciones en su suministro o que se disponga de cantidades limitadas o a un precio que puede ser inalcanzable para el interesado.

Izambert recomendó a los activistas de otros países que luchen por la implementación de una legislación similar.

Referencias: Wiessner P, et al. Deportation of HIV-positive migrants in 29 countries: impact on health and human rights. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract TUAF0101, 2010.

Teufl M. Legal situation of migrants with chronic disease, particularly HIV/AIDS, in Austria. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract TUAF0102, 2010.

Radcliffe S, et al. Detention, removal and people living with HIV. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract TUAF0103, 2010.

Izambert C, et al. Prevention of the expulsion of non-European HIV positive foreigners in spite of an unfavourable judgement by the European Court of Human Rights: the French case. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract TUAF0104, 2010.

Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).

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