El Tribunal Supremo de la capital -Nairobi- prohibió que el Ministerio de Salud adquiriera antirretrovirales después de que un consorcio de suministradores de fármacos impugnara el proceso de licitación.
Según James Ole Kiyapi, secretario permanente del Ministerio de Salud Pública, a menos que el tribunal permita que el Gobierno compre antirretrovirales, existe el riesgo real de que los pacientes que dependan de los hospitales públicos para conseguir su medicación se queden sin ella.
“Nos quedan muy pocos medicamentos y no hay nada que podamos hacer para conseguirlos, porque tenemos que acatar la orden del tribunal. Ahora mismo, podemos hacer muy poco, a menos que el tribunal revoque la orden”, afirmó.
Más de 200.000 kenianos están inscritos en programas gubernamentales de antirretrovirales, que suministran el 75% de todos estos fármacos en el país.
“Como gobierno, sentimos que es nuestra obligación ofrecer servicios a la población de la mejor manera que podemos. Lamentablemente, nos vemos en una situación en la que no podemos cumplir con esto”, añadió Ole Kiyapi.
Este mismo año, la Junta Administrativa de Revisión de la Contratación Pública (PPARB, en sus siglas en inglés; responsable de monitorizar las adquisiciones realizadas por el Gobierno) hizo pública una orden que obligaba a la Agencia de Suministros Médicos de Kenia [KEMSA, en sus siglas en inglés] a aceptar los documentos de licitación presentados por una empresa de la India (Hetero Drugs Limited,) e iniciar de nuevo el proceso de licitación. KEMSA había rechazado los documentos de licitación de la empresa porque, supuestamente, no cumplían con las normas de la contratación.
Un consorcio que ganó las controvertidas licitaciones y en el que estaban incluidos la empresa de contratación británica Crown Agents, la ONG alemana Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) y el grupo de investigación en salud pública John Snow, Inc., ha ido a juicio para revocar la orden de PPARB. Se espera que la vista de este caso tenga lugar el 11 de noviembre.
KEMSA declinó hacer comentarios amparándose en que el caso estaba aún en curso.
Los pacientes que dependen de los suministros públicos de antirretrovirales pueden verse ahora obligados a inscribirse en nuevos programas de fármacos realizados por ONG, lo que plantea cuestiones respecto a la comodidad del paciente y su adhesión al tratamiento.
“La idea de que pueda ir a por mis medicamentos y no los reciba me da escalofríos”, afirmó Emily Nyabair, que vive con VIH desde hace tres años.
Como señala James Kamau, coordinador del Movimiento por el Acceso al Tratamiento de Kenia, es probable que el altercado de las licitaciones retrase el suministro de antirretrovirales durante muchos meses.
“Aunque finalmente se resuelva, se requieren meses para adquirir los fármacos, y pasará algún tiempo antes de que estén disponibles”, comentó.
Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).
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