La reforma penal, la despenalización de las drogas ilegales y un mayor activismo, claves para mejorar la salud de los reclusos

Mara Kardas-Nelson

Durante la XVIII Conferencia Internacional del Sida, celebrada recientemente en Viena, un panel de expertos reconoció el extremo nivel de necesidad sanitaria entre la población reclusa, así como los lentos progresos que se están realizando en la actualidad para lograr una reforma sanitaria en las cárceles.

La mayoría de los países han implementado pocos programas de reducción de daños (o incluso ninguno) dirigidos a las personas privadas de libertad, lo que prácticamente no ofreció protección a la población implicada en comportamientos de riesgo, como compartir jeringuillas o practicar sexo sin protección.

Refiriéndose a su propia experiencia, Albert Zaripov, de Rusia, afirmó que con frecuencia veía cómo 20 ó 30 personas compartían una jeringuilla y que la droga se obtenía con facilidad. “No había ayuda de ningún tipo, ni social, ni médica, nada en absoluto”, señaló. “Esto es bastante habitual en las zonas donde (…) las personas están detenidas”.

Más allá de facilitar la transmisión de enfermedades, el maltrato de las personas presas infectadas en ocasiones supone una violación de los derechos humanos. Zaripov relata que los reclusos con VIH fueron sometidos a aislamiento y que "las personas tenían miedo de proporcionarles alimentos y agua". Asimismo, describe las instalaciones, en esencia, como grandes ‘perreras’, a donde se les llevaban suministros de forma intermitente. "Fue terrible, era igual que si dieran de comer a unos animales", dijo.

Rick Lines, director ejecutivo de la Asociación Internacional para la Reducción de Daños, reiteró estas preocupaciones. “Los temas relacionados (…) con las malas condiciones en las prisiones (…) afectan a las personas con VIH con mucha mayor gravedad”, indicó. Aunque Zaripov declara que las condiciones han mejorado desde su liberación, “en realidad, no muchas personas reciben antirretrovirales hoy en día. Muchas morirán sin haber visto ninguna terapia”.

Hay que señalar una notable excepción a la norma en la Administración Penitenciaria de España, que ha implementado programas de reducción de daños, así como de realización de pruebas y tratamiento del VIH y el VHC. Dentro del trabajo de esta Administración es de crucial importancia la detección temprana de los casos para poder destinar un tratamiento adecuado, además de la prevención de nuevos casos. Como resultado de la implantación de un programa de intercambio de jeringuillas, se han evitado 200 infecciones por VIH anualmente desde el año 2002.

No obstante, los ponentes advirtieron que España supone una excepción, ya que la mayoría de los gobiernos se muestran reticentes, como mínimo, a mejorar los indicadores sanitarios. “Existe una enorme cantidad de países que no han hecho nada en absoluto y, por el motivo que sea, no lo consideran una urgencia”, afirmó Lines. Aunque España constituye el mejor modelo de práctica, el país “se cuenta, con mucha diferencia, entre la minoría”.

Un aspecto clave de dicha reluctancia es el estigma asociado con las conductas de riesgo, como las relaciones sexuales entre hombres y el consumo de drogas ilegales. Según Kristian Crole, de la Unidad de VIH/Sida de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los políticos “se niegan a admitir que haya (…) relaciones sexuales entre hombres [y consumo de drogas] en las cárceles. (…) Si soy un político, ¿cómo puedo decir al público que dejo entrar drogas? ¿Cómo puedo admitir públicamente que no estoy haciendo un buen trabajo? ".

Anya Sarang, de la Fundación Andrey Rylkov para la Salud y la Justicia Social, añadió: “La principal barrera es la voluntad política”. “Hasta que la resistencia política [no ceda], no será posible hacer nada”.

Mercedes Gallizo Llamas, secretaria general de la Administración Penitenciaria de España, indicó que la política basada en pruebas permitió despejar miedos entre el público general respecto a la reducción de daños y otros programas, y apuntó: “Los políticos [españoles] muestran su confianza en el sector sanitario dentro del sistema penitenciario”.

Más allá de la simple introducción de una mejor atención sanitaria en las cárceles, los activistas afirman que resulta esencial una reforma penal generalizada para poder combatir realmente las epidemias florecientes. “La prisión es sólo un aspecto del sistema de justicia penal”,  declaró Lines, reforzando la postura de Sarang de que se precisaba una mejor educación para jueces y abogados. Crole señaló que muchas personas que en la actualidad están en la cárcel “nunca han visto un juez. En algunos países africanos, son condenadas a seis, siete, ocho años, sin haber tenido ningún juicio”.

Los componentes del panel en la conferencia sostuvieron que también era necesaria la despenalización de las drogas. “La raíz de esta crisis de salud pública y derechos humanos (…) es la penalización de los temas relacionados con las drogas”, afirmó Sarang. En Rusia, “casi todos los casos de drogas finalizan con una condena de prisión”.

Lines observa que la mayor parte de la reforma de la sanidad penitenciaria se ha producido como resultado del activismo desde el exterior. Durante mucho tiempo, las prisiones se han considerado como "vectores de enfermedades", donde los presos transmiten el VIH y otras infecciones adquiridas durante su período de detención a la comunidad general una vez puestos en libertad. "Gran parte de los progresos en las reformas penitenciarias (…) se han producido recurriendo a la salud pública y el miedo a la infección y a las epidemias. Es más probable que la gente se preocupe por la salud de los presos cuando salen de la cárcel", apuntó. "La salud pública sigue suponiendo un mecanismo de presión para conseguir reformas en las cárceles y en las políticas relacionadas con la salud en general".

Crole sugiere que para impulsar las reformas podría ser crucial aumentar la visibilidad de los presos y los excarcelados. También sugiere que el personal de prisiones podría convertirse en un defensor clave, dado que se encuentra en riesgo de infección, así como de ser testigo de la desatención de la salud de los prisioneros y de los abusos de sus derechos humanos.

Referencias: Gallizo Llamas M. Results from the Spanish experience: a comprehensive approach to HIV and HCV in prisons. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract MOBS0102, 2010.

Zaripov A. Testimonial. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract MOBS0103, 2010.

Kroll C, et al. Statements on HIV and HCV in prisons. Eighteenth International AIDS Conference, Vienna, abstract MOBS0104, 2010.

Traducción: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt).

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